Derecho a la ciencia

Por Brigitte Baptiste

El pasado 10 de noviembre se celebró el Día Internacional de los Centros y Museos de Ciencia con un seminario virtual compartido por el Parque Explora, la Cosmocaixa de Cataluña y la Asociación para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos. En el evento se discutió la ciencia como un derecho humano, tal como está consignado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por su sigla en inglés) de 1966, auspiciado por la ONU.

Para muchas personas puede parecer curioso o poco prioritario que se eleve el acceso al conocimiento científico y sus métodos a la categoría de un derecho fundamental, pero basta preguntarse por las políticas públicas y construcción de bienestar en la modernidad para darse cuenta de que, al menos en una gran parte del planeta, los modos de vida y el esfuerzo de los gobiernos se enfocan en la transformación de las diferentes sociedades bajo preceptos generalmente anclados en la racionalidad científica, aunque no necesariamente explícitos. De hecho, la única perspectiva radicalmente transformadora del bienestar material humano es la ciencia, ya que otros sistemas de conocimiento se concentran en el cultivo del espíritu, la convivencia y otros valores como fuente de satisfacción vital, proponiendo perspectivas no materiales del bienestar, algunas incluso reticentes a los modos de pensar la existencia humana de las tradiciones grecolatinas.

La ciencia, por supuesto, no está exclusivamente ligada con la tecnología: entender el origen de los valores y las instituciones, los mecanismos que rigen el comportamiento e incluso los principios e importancia de la subjetividad, son campos centrales de la exploración de lo humano que pueden ser tratados por la ciencia. Lo que para las religiones corresponde al carácter insondable del misterio, para muchos es un ámbito accesible a la racionalidad con la que la evolución biológica nos ha dotado.

Varias cosas se interponen, sin embargo, para que el acceso a la ciencia constituya un avance en la construcción de una sociedad plena en derechos. La primera y más grave es la perspectiva de legitimidad, cuestionada por comunidades locales que no han recibido los beneficios del conocimiento o incluso han sufrido más por la apropiación del mismo por sectores de la sociedad que la utilizan inapropiadamente a su favor y profundizan negativamente la asimetría de condiciones de vida. La segunda es la dificultad para transmitir unas ideas precisas del alcance y validez de la ciencia, nunca ilimitadas. Y la tercera, el uso trágico de la noción de naturalidad con la que se cuestionan las transformaciones sociales y ambientales del planeta, derivadas del uso de la racionalidad y que ocasionalmente traen resultados imprevisibles e indeseables a mediano plazo.

La ciencia, por supuesto, es un instrumento que cubre con su manto de duda todo sistema de gobierno y ello la hace poco bienvenida. Al fin y al cabo, la estabilidad social depende de las certezas parciales con las que cuenta la gente y sus dirigentes para basar en ellas su funcionamiento cotidiano, y el método cartesiano es poco amable con esas certezas…

La ciencia es un verdadero derecho mientras permanezca fiel a su espíritu: el cuestionamiento de sus propias convicciones en aras de la construcción de un mundo con menor sufrimiento para todos, con más capacidad de expresar el potencial de lo humano en cada persona, como vehículo de crecimiento permanente, nunca para afianzar un esquema de poder ni el liderazgo fatuo de quienes creen que apropiándose de una porción de los hallazgos de la ciencia los hará perpetuarse en el poder.